El pasado 10 de mayo el gobernador del Estado, Ron DeSantis, firmó la ley HB/SB 1718, una ley estatal enfocada en el control de la inmigración ilegal. El documento de 43 páginas establece una serie de medidas que tomarán las autoridades competentes con el fin de limitar el actuar de aproximadamente 775.000 individuos indocumentados que están presentes en el estado, con sanciones a aquellos ciudadanos o entidades que los provean de ciertos servicios o recursos. La nueva ley entrará en vigencia el próximo 1 de julio de 2023.
Dentro del paquete de medidas incluidas en esta ley, se destacan las siguientes:
– Uso obligatorio del programa E-verify -sistema informático de verificación del Departamento de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés- para todas aquellas empresas privadas, con más de 25 empleados, que deseen contratar nuevos trabajadores. Allí deberán determinar el estatus migratorio de cualquier individuo antes de contratarlo (Employment Elegibility).
Para hacer cumplir la medida, empezando el 24 de julio del 2024, en caso de que cualquier empleador desobedezca la orden 3 veces en un periodo de 24 meses, se establecerán multas por $1.000 USD al día hasta que el empleador dé prueba de que no cuenta con irregularidades en sus contrataciones (Emplear a individuos en situación migratoria irregular). Hasta entonces, incluso se le podría suspender su licencia como empleador.
– El transporte de individuos en situación migratoria irregular hacia el estado de Florida, adultos o menores, será considerado como un delito grave de segundo o tercer grado, felony, y será castigado bajo las secciones .082, .083 o .084 del capítulo 775 de los Estatutos de Florida de 2022, contemplando sanciones de $10.000 USD e incluso penas de hasta 15 años de prisión.
– Prohíbe la financiación de programas, en ciudades y condados del estado, que tengan la finalidad de expedir tarjetas de identificación para individuos que no acrediten su presencia legal en los Estados Unidos.
– Impedir que individuos en situación migratoria irregular utilicen, en el estado de Florida, licencias de conducción expedidas en otros estados del país. Esto porque algunos estados expiden permisos de conducir a personas que se encuentran en los Estados Unidos sin autorización, o sin prueba legal de presencia regular. Esta ley hace que esas licencias no sean válidas. Si un individuo tiene una clase de licencia emitida exclusivamente a inmigrantes indocumentados que no pueden probar su presencia legal, esa licencia no será reconocida por el Estado de Florida y a esa persona se le emitirá una citación por conducir sin licencia, por lo que no podrá conducir de nuevo en este Estado, hasta no aclarar su situación jurídica. La ley establece que el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (DHSMV, por sus siglas en inglés) mantendrá una lista en su sitio web de las licencias de otros estados que no son válidas.
– A los hospitales que aceptan el seguro publico Medicaid, los obliga a recopilar datos sobre el estado migratorio de los pacientes. De igual forma, cada hospital deberá presentar un informe trimestral en el que detalle a la cantidad de pacientes atendidos que afirmaron que están en situación migratoria irregular. Así mismo, los hospitales deben describir en dicho reporte la información relativa a los costes de la atención no compensada a extranjeros que no se encuentran legalmente en Estados Unidos, el impacto de la atención no compensada en el coste o la capacidad de los hospitales para prestar servicios al público y las necesidades de financiación de los hospitales.
– Fijar un presupuesto de 12 millones de dólares para la División de Manejo de Emergencias de la Oficina Ejecutiva del Gobernador. Este dinero estará destinado para el traslado de inmigrantes a otras ciudades del país que cuenten con la condición de Sanctuary Jurisdiction.
– Última, y no menos importante: Requiere que las fuerzas y cuerpos de seguridad, las denominadas como Law Enforcement Agencies, recolecten muestras de ADN de personas que, independientemente de su estatus migratorio, estén detenidas y cumplan con ciertos criterios establecidos en la página 40 del documento.
El gobernador del estado, Ron DeSantis, afirmó que esta legislación es un paso hacia adelante en contra de las “políticas insensatas del gobierno federal, garantizando que los contribuyentes de Florida no paguen la factura de la inmigración ilegal”. Cabe recordar que DeSantis, según los rumores difundidos por diversos medios, está ad portas de hacer oficial su intención de convertirse en el próximo candidato del GOP (Great Old Party, como también se reconoce al Partido Republicano) de cara a las elecciones presidenciales del 2024. Su principal obstáculo dentro de su propio partido, salvo catástrofe, será el expresidente Donald Trump, quien ha hecho de la lucha contra la inmigración una de sus banderas de campaña.
Por otro lado, organizaciones como la Coalición Americana de Inmigración Empresarial (ABIC Action, por sus siglas en inglés) han lanzado su voz de protesta en contra de esta medida. A través de un comunicado, aseguran que esta legislación más allá de penalizar a las empresas del estado que soportan su fuerza laboral con inmigrantes, también interrumpe “la calidad de la atención crítica y los servicios prestados por las iglesias y centros de salud” a toda esta población que se verá claramente afectada con estas medidas. Dato no menor, teniendo en cuenta que, de acuerdo con las últimas estimaciones del Censo realizado en 2020 en el país norteamericano, alrededor del 26,5% de la población del Estado del sur es, por ejemplo, de origen hispano.