La representante Maria Elvira Salazar (Rep. republicana del estado de Florida), en compañía de la representante Veronica Escobar (Rep. demócrata del estado de Texas) presentaron el pasado 23 de mayo una propuesta legislativa conjunta que tiene el objetivo de abordar las innumerables fallas estructurales que presenta el sistema migratorio del país.
Es la primera vez en casi 10 años que se introduce un proyecto de ley migratorio fomentado tanto por republicanos y demócratas en la cámara baja del Congreso de los Estados Unidos y no es para menos. Tanto Salazar como Escobar, dos de las caras nuevas en la Cámara de Representantes, estuvieron trabajando alrededor de 6 meses para poder encontrar los puntos medios que pudieran dirimir de forma efectiva las diferencias que tienen ambos partidos respecto a las diversas aristas que resultan de esa álgida agenda que compromete el tema migratorio.
¿El resultado? El Dignity Act (H.R. 3599), o Ley Dignidad, traducido al español: Un documento de un poco más de 500 páginas que, como proyecto de ley, aborda de manera profunda los problemas que atraviesa la inmigración y abre el camino para que se inicie un debate serio respecto a las decisiones humanas y empáticas que se deben tomar para afrontar los retos que conlleva tratar la migración. De acuerdo con lo estipulado en los documentos facilitados por la senadora Salazar, la Ley Dignidad enfocará sus esfuerzos en 6 frentes:
1. Seguridad Fronteriza:
En este apartado se enfatiza en un mejoramiento global de la infraestructura fronteriza, con el fin de sentar las bases operacionales para un control más eficiente mediante las siguientes acciones:
– Análisis de la situación fronteriza, encargado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), para luego desarrollar un Plan Estratégico que tenga en cuenta los desafíos presentes actualmente en la frontera.
– Mejora de las barreras físicas de la frontera, con más ayuda tecnológica y aérea.
– Mayor pie de fuerza capacitado en la frontera que pueda reforzar las tareas de prevención y control de entrada irregular de individuos al país.
– Se adjudicarán 25 millones de dólares para suplir estos gastos.
2. Aplicación de la Ley
En esta línea lo que se busca es implementar medidas/leyes más robustas que desalienten los cruces ilegales por medio de las siguientes acciones:
– Obligatoriedad de uso del sistema E-Verify a nivel nacional.
– Aumento de penas para aquellos que intenten entrar al país de forma ilegal en repetidas ocasiones.
– Implementación de sistema biométrico en todos los puntos de salida por tierra, aire y mar a nivel nacional para viajeros internacionales.
– Autorización al DHS para que use, en caso de ser necesario, pruebas de ADN para verificar relaciones familiares.
3. Reforma al sistema de Asilo
El Asilo ha sido uno de los puntos neurálgicos de este documento. Su propuesta pretende resolver gran parte de de las solicitudes de asilo en un plazo de 60 días, poniendo fin a la política de “captura y liberación” que se tiene hoy en día con el Título 8. Con este idea, se plantea establecer cinco “Campos Humanitarios” en distintos puntos de la frontera sur del país, y cinco más en diversos países de Latinoamérica, evitando todo el tortuoso camino que atraviesan la gran mayoría de personas que buscan este tipo de protección en el país, haciendo frente a la crisis de trata de personas envuelta en esa dinámica.
Se espera que en estos llamados “Campos Humanitarios” se preste una atención digna (médica y profesional) a todos aquellos que quieran empezar el proceso y cumplan con los requisitos. Cumpliendo el ciclo de los 60 días se espera que suceda el siguiente proceso:
3.1: Procesamiento del individuo y agendamiento de una entrevista de “miedo creíble” en un plazo no mayor a 15 días
3.2: En caso de pasar, se agendará una entrevista secundaria con un Oficial de Asilo especializado, en un plazo que no se extienda más de 45 días. El Oficial dará su aprobación o remisión de los casos a un juez de inmigración. La persona será reubicada en un programa de gestión de caso, mientras llega el día de su audiencia.
4. Dignidad y Redención
Sin duda alguna, este es el punto clave del proyecto de ley, En primer lugar, como inicio de la propuesta, están los Dreamers (menores que llegaron al país antes de cumplir sus 18 años y 3 años antes de la entrada en vigor de la ley). A ellos se les brindará un estatus de residente permanente condicional válido por 10 años, lo que les permitirá trabajar y vivir legalmente en el país durante ese periodo. Esto les abre el camino para que puedan empezar a ajustar sus accionar para aplicar al estatus de residente permanente bien sea por experiencia militar (mínimo 3 años), experiencia laboral (mínimo 4 años) o educación (obtención de un título de educación superior de una institución estadounidense)
Por otra parte, para los mayores de edad que ya se encuentran en suelo estadounidense, el proyecto de ley establece el Programa Dignidad, de 7 años de duración, que está destinado a aquellos individuos que lleven 5 o más años en el país de manera irregular. Les proporciona la oportunidad de trabajar legalmente, con la condición de pagar impuestos y una restitución de $5.000 USD. Cumplido el tiempo, y siempre y cuando hayan obedecido las leyes del país durante ese periodo se abren dos opciones: El Estatus Dignidad o el Programa Redención.
Opción 1 – Estatus Dignidad: Esta condición, inicialmente con duración de cinco años pero renovable indefinidamente, permite que el individuo pueda vivir en plena libertad en el país, trabaje legalmente sin restricción alguna y pueda viajar cuando le plazca fuera del país sin problema a su retorno. Elegir esta condición hace que el individuo sea inelegible en caso de que en un futuro desee aplicar a la ciudadanía.
Opción 2 – Programa Redención: Esta condición es el camino a seguir para aquellas personas que pasaron previamente por el Programa Dignidad y ahora quieren llegar a ser poseedores de una ciudadanía estadounidense. Este programa tiene una duración de 5 años extra y se fundamenta en el compromiso del individuo de aprender el idioma inglés y las reglas cívicas básicas del país para posteriormente poder contribuir bien sea a su nueva comunidad local con 200 horas de trabajo voluntario local o pagando $5.000 USD adicionales para efectos de restitución.
5. Agricultura
El proyecto de ley aquí se desmarca ligeramente del tema migratorio en sí, pues se fundamenta en los pasos a seguir para lograr un desarrollo sostenible y moderno del sector agrícola. Sin embargo, a lo que atañe a los intereses migratorios, habla de las siguientes ideas para reformar este rubro:
– Reformar el sistema H-2B para brindar más garantías a los trabajadores retornados.
– Creación del programa de Trabajadores Agrícolas Cetificados, aplicable a trabajadores indocumentados que comprueben que llevan varios años trabajando en la industria. En caso de resultar elegibles, tendrán acceso a un sistema de visado renovable por 5 años.
– Expansión y Modernización del programa H-2A, ampliándolo a todo el año y más industrias, para eliminar los límites que existen para conceder este tipo de visados a trabajadores temporales.
6. Empleo, Prosperidad y Competitividad
Aquí se pretende abordar la economía del país desde una óptica migratoria. Así, fomentará las siguientes políticas:
– Creación del Fondo para los Trabajadores Estadounidenses: Financiado por los pagos de restitución de los programas Dignidad y Redención, para formar, capacitar y educar a los ciudadanos estadounidenses desempleados.
– Aumento del número anual de visas de trabajo altamente calificadas para industrias específicas, contando sólo al aplicante y no a su familia.
– Expedición de visados de máximo 90 días para extranjeros que deseen entrar al país por negocios, bodas, motivos familiares, etc.
– Personas quienes hayan esperado por 10 años o más (por prioridad) un visado y no hayan tenido respuesta por parte del gobierno, recibirán dicho visado.
– Modernización del visado de estudiante al tipo F para que ahora tenga “doble intención”.
– Estudiantes que estén trabajando en los Estados Unidos ahora tendrán que pagar impuestos FICA (Seguridad Social y Medicare).
– Asegura una inyección de recursos que capitalicen las operaciones de la Oficina de Asuntos Consulares y Servicio de Visados del Departamento de Estado para solucionar los retrasos y mejorar toda la tramitación de visados.
Ahora bien, el camino apenas empieza para que este proyecto se convierta en una realidad. Las representantes ahora deben aunar todos sus esfuerzos para lograr que el proyecto cuente con el apoyo suficiente, tanto en la Cámara como en el Senado, y así termine finalmente en las manos del presidente Joe Biden para su firma y aprobación como ley federal. ¿Cómo es ese proceso? Aquí abajo les contamos:
- Se introduce el proyecto de ley en cualquiera de las dos cámaras, en este caso, en la Cámara de Representantes.
- La Cámara se encargará de designar uno o varios Comités que estarán encargados de discutir el proyecto.
- Estos comité se reunirán para hacer audiencias públicas que puedan llevar a cambios en el documento. Posteriormente se hará una lectura final y se procederá a hacer una votación del proyecto por parte de cada comité. De ser positiva la votación, el comité hará un reporte en el que incluirá el propósito y justificación del proyecto, explicando cómo cambia la legislación existente sobre el tema y haciendo un aproximado de los costos de implementación. Posteriormente, se agendará una fecha en el calendario para que la cámara en bloque debata y enmiende el texto.
- Durante ese debate en plenaria, con un quórum mínimo de 100 representantes, se hará la segunda lectura sección por sección para que se puedan poner sobre la mesa posibles enmiendas pertinentes al texto. Acto seguido, se votará cada enmienda de manera individual y luego se votará el texto completo, que requiere de una mayoría simple para su aprobación.
- Con la aprobación del texto, la Oficina de Presupuesto del Congreso, CBO por sus siglas en inglés, deberá confirmar que la Ley se adhiere a las restricciones de ingresos y gastos establecidos por el gobierno. Este punto es de suma relevancia, pues ambas representantes de ascendencia latina han hecho hincapié en el hecho de que esta ley se financiara con recursos provenientes de los beneficiarios de la misma, mediante el modelo de restitución y una tasa del 1,5% de los salarios de las personas a las que se les conceda una autorización de trabajo bajo el amparo del Programa Dignidad. Con la luz verde del CBO, el proyecto de ley pasará a ser manejado en el Senado, donde el proceso será parecido al de la Cámara de representantes.
- En el Senado se designarán uno o varios Comités que estarán encargado de discutir el proyecto y votarlo, al igual que en la cámara baja, con sus respectivos reporte. Al finalizar este proceso, se agendará una fecha en el calendario para que el senado en bloque debata y enmiende el texto.
- A diferencia del debate en la cámara baja, este debate en la plenaria del Senado no tendrá lectura previa y será ilimitado, pues permitirá modificaciones de cualquier tipo del texto, no solo las pertinentes. Después del debate, viene la última lectura para luego proceder con la votación, contando con el beneplácito del Presidente del Senado. Para pasar el umbral requerido para su aprobación, de nuevo, se necesita de una mayoría simple, aunque en la práctica usualmente se necesiten más votos, ya que pueden aparecer situaciones que puedan cambiar el curso de la votación.
- Aquí surgen dos escenarios:
- Si el documento tuvo enmiendas, el proceso volverá a la Cámara de Representantes para que se discutan los cambios y se vuelvan a votar para aprobar dichas enmiendas. En caso de que no se aprueben dichas enmiendas en la cámara baja, se requerirá una conferencia que ayude a dirimir las diferencias entre una cámara y la otra, permitiendo salir adelante el proyecto.
- En caso de no haber enmiendas, el documento pasa a aprobación final.
- Pasado ese trámite, el texto llega a manos del Presidente de los Estados Unidos quien tiene, en un lapso de 10 días, la potestad de aprobar o vetar el proyecto.
- Con su aprobación, únicamente resta la publicación para que el proyecto pueda convertirse en ley federal.
De acuerdo con el proceso de tramite legislativo que tiene Estados Unidos, es poco probable que se pueda predecir el tiempo en el cual este proyecto se convierta en ley propiamente. El periodo actual acaba a finales de 2024 y si culmina el periodo legislativo en el que se introdujo y no se llegó a ningún acuerdo, el proyecto tendrá que introducirse nuevamente desde ceros en el siguiente periodo.
Por el momento, la Cámara de Representantes de Estados Unidos cuenta con una mayoría republicana (222 de 435), mientras que el Senado posee una ligera mayoría demócrata (51/100), teniendo en cuenta que a los 48 adscritos a los demócratas se les suman los 3 senadores independientes que usualmente tienden hacia las ideas de dicho partido.
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